El PP plantea que las televisiones públicas puedan privatizarse

Hace un tiempo saltó a los medios el debate de la publicidad en las televisiones públicas y su supresión. En España sólo hay dos cadenas públicas nacionales, una es TVE y la otra es La 2. El resto de cadenas públicas son las autonómicas, como Canal Sur en Andalucía, Telemadrid en Madrid, o TVG en Galicia. Ambas tienen un modelo de financiación mixto, es decir, de una parte están subvencionadas por una partida de los Presupuestos Generales del Estado (en las autonómicas esta subvención mixta corre a cargo del organismo de gobierno autonómico que corresponda), y por otra, de los ingresos que obtienen mediante la publicidad y ventas comerciales.

Además, las televisiones públicas están sujetas a una rigurosa ley que deben de cumplir para beneficiarse de esa subvención estatal. Es la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal en el caso de RTVE, y la Ley reguladora del Tercer Canal de Televisión que regula los canales autonómicos. En las dos leyes se estipulan cosas importantes más allá de la financiación. Un ejemplo de ello es el carácter de servicio público (aunque haya veces que podamos dudar de su existencia ) y las obligaciones que debe cumplir este tipo de cadenas frente a contenidos, programación y emisión publicitaria. Todo eso está reflejado en estas leyes, que garantizan el acceso a la información y televisión a todos los ciudadanos, cumpliendo unos determinados principios éticos y teniendo en cuenta a todos y cada uno de los grupos sociales que componen nuestro país o región autonómica.

Ahora, el PP propone privatizar las televisiones públicas. El hecho de que TVE o alguna de las cadenas autonómicas se pudiesen privatizar supondría muchos cambios, no sólo a nivel de producción, sino a nivel de contenidos y régimen legal, puesto que el modelo de financiación actual ya no sería válido y tendríamos, si cabe, más publicidad para sustentar la economía de todo estos entes televisivos. Por ejemplo, TVE -al igual que las autonómicas- ya no podría acogerse a esta Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, sino que debería acogerse a la ley de las televisiones privadas, que estipula cosas muy diferentes, pero sobre todo, no garantiza el servicio público y la atención a los contenidos y publicidad, tal y como lo hace la ley que rige actualmente a TVE y las autonómicas.

Quizás la solución planteada esté en la creación de una nueva ley o adaptación a las existentes, pero habría que ver cómo lo hacen.

Foto: ABC