Algunos anunciantes y la empresas gestoras de la publicidad podrían reclamar a TVE 300 millones de euros. Parece que tal cantidad sería justificada por el daño al consumo que supondría la medida tomada por el gobierno de suprimir la publicidad en TVE, así como la quiebra de las planificaciones de las empresas.

Por supuesto, tal disparate no tiene otra finalidad que la de presionar al gobierno para que realice su proyecto de forma paulatina, cosa que a estas alturas es casi imposible, gracias a las prisas mostradas.

El verdadero miedo de los anunciantes es un escenario en el que haya dos o tres empresas al cargo de todos los canales de televisión, por muchos que estos sean, lo que permitiría un oligopolio que terminaría con situaciones muy poco ventajosas para los anunciantes. Un miedo justificado que muestra un nuevo problema de una decisión absurda del gobierno de España.